Publicado por El Sol de México el viernes 9 de septiembre de 2022. Texto original: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/no-hay-paz-sin-justicia-8864234.html
En las últimas semanas, dos temas relacionados a la justicia en el país ocuparon la agenda pública: la discusión en la SCJN sobre si la prisión preventiva oficiosa (PPO), establecida en el artículo 19 de la Constitución, es violatoria de derechos que (contradictoriamente) la misma Constitución defiende; así como el debate en el Congreso sobre la iniciativa del Ejecutivo para incorporar la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.
Aunque son discusiones separadas, ambas muestran muchas de las debilidades que padece el sistema de justicia en el país, en el que la impunidad ronda el 95% de los casos (México Evalúa, 2021). Una de las tantas razones por las que México ocupa el lugar número 137 de 163 en el Índice de Paz Global realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, 2022).
En primera instancia, la situación de las personas encarceladas sin sentencia demuestra lo rebasado que está un sistema que no puede darle salida a los casos, mientras tanto, estas personas permanecen en un limbo en el que no son culpables, pero su presunción de inocencia no es respetada. Desde la reforma al 19 constitucional (en 2019), que amplió los delitos “graves” por los que se puede aplicar la PPO, ha aumentado el número de detenidos sin sentencia en más de 20 mil personas.
Las deficiencias y falta de recursos en la procuración de justicia han empujado a las fiscalías a aprovechar y sobre utilizar figuras como la PPO. Si indagamos más a fondo las cusas de esta crisis de impunidad, nos encontraremos con una serie de malas decisiones y un terrible alocamiento de los recursos públicos destinados a la seguridad social. Es aquí donde las discusiones en el Congreso y en la SCJN se conectan, pues la incorporación de la GN a la Sedena afianza un proceso de militarización de la seguridad pública, siendo ésta quizás la única estrategia que ha resultado ser transexenal (aunque nos digan que no son como los de antes). Desde 2007, el gasto militar aumentó un 127% para alcanzar un máximo histórico de 167 mil millones de pesos en 2021. En este mismo periodo, el gasto en seguridad pública aumentó solamente 18.4% y en el sistema judicial un 56.2%. De hecho, estas dos últimas áreas han experimentado recortes en 4 de los últimos 5 años y desde 2015 su presupuesto ha caído un 37.2% y 7.5%, respectivamente (IEP, 2022).
Es claro que la canasta en la que los últimos tres sexenios han decidido poner sus huevos es en la militarización, mientras que el precario sistema judicial mexicano sobrevive con tan solo 4.5 jueces por cada 100,000 habitantes, que representa casi cuatro veces menos que el promedio mundial, y no existe una estrategia para invertir en la creación de policías. La paz y la justicia son ambientes simbióticos, una no existe sin la otra. Si queremos construir paz, debemos invertir en nuestro sistema judicial y de seguridad pública.