La cárcel ¿solución para la inseguridad?

Por: Tania Naanous

La reinserción social en México – o más bien la falta de – genera que las personas privadas de su libertad terminen reincidiendo. Según la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, uno de cada cuatro reos termina reincidiendo.

Es imprescindible comprender que la prisión está sobrepoblada de personas inocentes o con sentencias que no ameritan el crimen cometido. El sistema de justicia tiende a estar muy alejado de su nombre y aún más para aquellos que no tienen la posibilidad económica de una adecuada defensa. La prisión, en lugar de comprenderse como un castigo corporal, debería de cambiar a un entendimiento de falta de oportunidades y desigualdad. México tiene que migrar a implementar elementos de justicia restaurativa y una reinserción social fuerte que amplíe la oportunidad de las personas privadas de su libertad a realmente tener una segunda oportunidad.

El sistema penitenciario parece estar construido para imposibilitar la reintegración a quienes ingresan en él y posteriormente, al salir se vuelve casi imposible conseguir un trabajo. Las dificultades de reincorporación a la fuerza laboral generan que las personas vuelvan a delinquir como medida de sobrevivencia. Al salir, no solo tienen que acostumbrarse a vivir fuera de prisión otra vez, sino a vivir con el estigma, la falta de derechos que supone haber estado en prisión y la problemática que genera el que se pida carta de antecedentes no penales en los trabajos.

El movimiento Todos Unidos Contra la Pena de Prisión (TUCPP) (2019) menciona que en las esferas políticas continuamente se reproduce lo que es llamado populismo punitivo, en el cual se proponen medidas como: el incremento del catálogo de delitos que admiten prisión preventiva y la reducción de aquellos que permiten libertad bajo de fianza, así como el endurecimiento de penas, con el fin de ser reelegido o ganar popularidad a través del miedo, con la pretensión de un país más seguro.

Es por esto que la propuesta de la senadora María Soledad, en la que plantea eliminar la constancia de antecedentes no penales – con excepción a delitos sexuales – por considerar que “vulnera los derechos laborales, discrimina y trunca las posibilidades de los sentenciados a una segunda oportunidad” se vuelve indispensable para que el gobierno actual pueda comprender la complejidad existente del sistema penitenciario.

Como sociedad se tiene que eliminar el estigma y los sesgos que se producen hacia las personas privadas de su libertad y comenzar a humanizarlos, tener herramientas fuertes para que no vuelvan a delinquir y así comenzar a crear un tejido social suficientemente fuerte para poder disminuir la delincuencia e inseguridad.

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