*Esta es una síntesis anotada realizada por CIPMEX sobre el texto arriba referido*
Integralia Consultores. “La Militarización En México, Hacia Una Consolidación De Una Política De Estado”, September 2022, 2–19.
El paper hace una revisión muy puntual para contextualizar las consecuencias y significados de la militarización en México, qué implica y cuáles son los datos que podemos denotar en temas de seguridad al incrementar la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas que antes pertenecían a policías estatales y municipales (Integralia Consultores, 2022).
Después de que la política de Estado fuera aprobada el 2 de septiembre del 2022 en México, la militarización fue consolidada como una estrategia de seguridad en el país, así fue creada la Guardia Nacional (GN) bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en realidad hoy es gestionada por las Fuerzas Armadas. Después de la creación de la GN, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha incrementado en 60.5%, además de apoderarse de tareas ajenas a temas militares como: el desarrollo de infraestructura civil, gestión y administración de aduanas y participación en programas sociales (Integralia Consultores, 2022, pa. 2).
Según el grupo de consultores, la militarización implica los siguientes riesgos y puntos de atención (Integralia Consultores, 2022, pa. 2-4):
- Desbalance entre lo cívico y militar, generando un peso mayor en la acción militar fuera de un contexto bélico.
- Dependencia al cuerpo militar, debilitando las instituciones de carácter civil.
- Deficiencia en la estrategia de seguridad, donde se impide la formulación de políticas efectivas para la reducción de la violencia en el país.
- Concentración de poder, dándole una superioridad al ejército sobre las policías locales y federales.
- Descuido de policías municipales y estatales, visto en recortes, equipo y capacitación.
- Violaciones a los derechos humanos, ignorando que los militares no tienen conocimiento para tratar temas civiles.
- Corrupción, ya que las Fuerzas Armadas no tienen un proceso de rendición de cuentas robusto.
- Politización del Ejército, arropado políticamente a la gestión administrativa en turno.
Creo que aquí una puntualización interesante es que los militares no tienen la capacidad jurídica ni conocimiento en investigación a diferencia de la policía. Es decir, si de pronto se encuentran con un homicidio/secuestro (u otro delito del fuero civil) no tienen una infraestructura para generar una investigación para abrir una carpeta de investigación en Ministerios Públicos.
Ahora bien, como lo muestra la gráfica 1, dividido por sexenios, el tema de la participación militar en las gestiones de seguridad no ha sido una novedad exclusiva de la administración en curso. Desde el sexenio de Felipe Calderón, podemos ver cómo las tareas que antes eran de los policías, especialmente en todo lo relacionado a drogas y narcotráfico, pasaron a ser del Ejército. Ahora, obsérvese el crecimiento al paso de las administraciones, a pesar de que la gestión de AMLO, en iteradas ocasiones reprobó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad civil, es la gestión que más ha inyectado presupuesto y ha usado a su disposición este sector para la ejecución de los objetivos de su agenda política (Integralia consultores, 2022, pa. 4-7)
El reporte también habla de las tareas no afines a las Fuerzas Armadas que desempeñan junto con la Guardia Nacional como la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles así como el de Tulum, tramos del Tren Maya y sucursales del Banco del Bienestar, entre otras edificaciones. También, están descritas tareas de combate al huachicol, entrega de vacunas de Covid-19 y libros de texto, la vigilancia de fronteras para el control migratorio, seguridad personal de funcionarios públicos, custodia de pipas de PEMEX, gestión de operaciones de “playas seguras”, además de muchas otras taras que no tienen que ver con el Ejército (Integralia consultores, 2022, pa. 9-11).
Aquí también incluiría la filtración más reciente de Grupo Guacamaya, donde reportan que los militares trasladaron una medicina para COVID no certificada por la COFEPRIS para el hijo del Presidente AMLO, además de que realizaron taras de limpieza doméstica y atención médica personalizada para su familia directa.
Finamente, el reporte nos indica que a pesar de que el Ejército tiene una tasa de alta confiabilidad de la población, no tiene un adiestramiento institucional en Derechos Humanos. Agregando que, el 68.6% de la gestión de información está clasificada como reservada o confidencial, por lo que no hay manera de saber qué está pasando adentro de la institución encargada ahora, de la seguridad nacional (Integralia Consultores, 2022, pa. 14-19)
Creo que esto es muy relevante porque es una estrategia que se está leyendo entre líneas para poder tener un control fáctico, no solo de las fuerzas armadas, pero también viéndolo desde el punto de vista de la situación con la nueva presidenta del INE (afín a Morena); debilitando fuertemente en las instituciones estructurales del país. Otro dato, según la ENSU -Encuesta Nacional de Seguridad Urbana- (INEGI, 2023) la confianza de la población de México en el Ejército es del 85%. A pesar de que este es un dato muy alto, sí hay que recalcar que la desconfianza es un disruptor de paz en cualquier sociedad y perpetúa las estructuras de paz negativa en una sociedad.