Escrito por: Natalia Miranda Pérez Nava. Publicado por El Sol de México el viernes 6 de octubre de 2023. Haz click para leer el texto original.
En nuestro día a día, es fácil percatarnos de la permanente búsqueda por parte de los gobiernos de beneficiarse o “aprovechar” los territorios – ya sea explotando los recursos naturales, construyendo nuevos y más grandes edificios, mejores carreteras, o trenes que busquen incentivar la derrama económica de una región.
Procesos que muchas veces son vendidos como parte del desarrollo del país, pero que en realidad no son más que el intento de los Estados por mantenerse a raya con las exigencias del sistema capitalista. Pero, sabiendo que este desarrollo beneficia a pocos y perjudica a muchos, nos podemos preguntar ¿de dónde surge? La respuesta: la diferencia que existe respecto al valor que se le da a la tierra.
Para entender la importancia de la explotación de los bienes naturales en un país tan diverso como México, es necesario entender la relación entre el territorio y la sociedad. Por un lado, aquellas personas que crecen con mayor cercanía a la naturaleza, obteniendo de ella sus medios de subsistencia, cuentan con un vínculo más fuerte; como es el caso de los pueblos indígenas, para quienes la tierra tiene un valor intangible.
Por otro lado, la concepción que los Estados tienen sobre el medio ambiente se basa en una noción capitalista, en la cual los recursos naturales consiguen un valor de acuerdo con su capacidad de proporcionar los medios necesarios para permitir que haya un progreso (visto desde una perspectiva materialista). Lo observamos en los muchos proyectos impulsados por los gobiernos, donde se ejerce el poder sobre las comunidades históricamente más vulnerables para garantizar el beneficio de la estructura estatal.
Entonces, reconociendo la gran diversidad de pueblos originarios en el país, nos encontramos con el gran dilema del desarrollo mexicano: diariamente, bajo el estandarte de la modernización por el bien del país, el gobierno – cuyo deber es proteger y garantizar los derechos de su población y satisfacer sus necesidades – perpetua la segregación social y el desconocimiento del valor cultural e intrínseco que la tierra tiene para las comunidades indígenas, violentando su capacidad de autodeterminación y de desarrollo de la vida en los términos que histórica y tradicionalmente han establecido (Rodríguez, I. 2015).
Es así que, ante la existencia de una diversidad de razones socioeconómicas y culturales que rodean a los sistemas ambientales, en la implementación de programas y proyectos el Estado debe tomar en consideración que la valoración de la naturaleza varía para diferentes grupos de la población; pero, para conseguirlo, se requiere que el poder estatal rompa con su visión homogénea de la naturaleza, que basa su valor en lo económico y, por tanto, favorece a los sectores más ricos, afectando a aquellos históricamente más pobres y vulnerables (Henríquez Ruiz, C. 2009). Para conseguirlo, debemos de hacer una restructuración del valor que se le da a la tierra versus el que se le da al progreso en términos capitalistas y encontrar la armonía entre ambos, garantizando entonces el bienestar y el respeto a los pueblos originarios.