Índice de Datos sobre Homicidios: Resultados 2018

Índice de Datos sobre Homicidios: Resultados 2018

IEP. 2018. “Índice de Datos sobre Homicidios: Resultados 2018”  Institute for Economics and Peace, (agosto): 1-36. https://bit.ly/2PBLhOx

*Esta es una síntesis anotada realizada por CIPMEX sobre el texto arriba referido*

“El Índice de Datos sobre Homicidios (IDH) 2018 es un primer intento de evaluar sistemáticamente la calidad e integralidad de los datos de homicidios a nivel estatal en México, con base en los estándares establecidos en el Protocolo de Bogotá sobre Calidad de los Datos de Homicidio en América Latina y el Caribe, el índice evalúa los datos producidos por cada uno de los 32 estados de México” (IEP 2018, 2). El objetivo de este informe es que sirva como herramienta para identificar las áreas de oportunidad en los sistemas de información de seguridad pública a nivel estatal, es decir, generar datos y facilitar la transparencia y el análisis basado en evidencia para después poder formular políticas públicas efectivas de justicia, prevención y reducción de homicidios. Asimismo, los gobiernos pueden beneficiarse de las referencias cruzadas entre las víctimas que se encuentran en los registros de los sistemas de salud y las carpetas de investigación, y compararlos contra los registros de las fiscalías, para comenzar a abordar a la impunidad (IEP 2018, 2). Por lo que, los datos de alta calidad enriquecen el trabajo de los analistas, ya sean policías, sociólogos o formuladores de políticas, igualmente, fortalecen y dan legitimidad a las instituciones que los producen y generan confianza entre la población (IEP 2018, 2-3).

En México, únicamente existen dos fuentes oficiales que contienen datos sobre homicidios:  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El SESNSP procesa información procedente de los registros criminales y registran una menor cantidad de información sobre el sexo y la edad de la víctima (datos que son relevantes para el Protocolo de Bogotá), mientras que el INEGI utiliza información del sistema de salud, contando el número de muertes clasificadas como homicidio (IEP 2018, 5). Entre ambas fuentes existe discrepancia de datos. En 2017, la SESNSP presentó nuevos conjuntos de datos mucho más completos para analizar el crimen y la violencia en México, sin embargo, los datos sobre el delito aún no son lo suficientemente detallados para poder desarrollar análisis de alta calidad (IEP 2018, 6). No obstante, dicho cambio representa un avance en la transparencia y son resultado de un proceso de tres años de reforma.

Los retos en el contexto de México son (IEP 2018, 7-8): 1) Limitación de capacidad (capacitación, número de trabajadores y personal capacitado: técnicos, expertos y académicos para que se desarrollen técnicas efectivas para la recopilación y análisis de información) y recursos (bajo presupuesto gubernamental), lo que ha hecho que México no cumpla con los estándares internacionales establecidos en el Protocolo de Bogotá. Para la próxima investigación de CIPMEX sobre los policías de proximidad, se debe de indagar qué tan capacitados están y cuánto presupuesto tienen para realizar su trabajo, ya que puede ser una limitación. 2) Corrupción, ya que puede conducir a datos inexactos por persuadir a los investigadores o no investigar un caso (impunidad). En México el grado de impunidad es difícil de estimarlo, pero en el IPM 2016, se descubrió que el 75% de los mexicanos sentían desconfianza de la información de seguridad pública. 3)  Crimen organizado distorsiona una serie de aspectos de la sociedad mexicana, como que los estados más ricos son los más violentos porque dependen de factores de éxito (buena infraestructura, recursos naturales, sistema bancario y telecomunicaciones). Por lo que, sin datos exhaustivos, los sociólogos, criminólogos y otros analistas no pueden identificar los patrones y tendencias característicos de los entornos y las actividades del crimen organizado, y es imposible atacarlo. 4) Múltiples homicidios y fosas clandestinas, se complica la recopilación de datos porque se puede registrar como un solo homicidio sin tomar en cuenta cuántos cuerpos hay.  En la actualidad, la información oficial disponible sobre personas desaparecidas, homicidios múltiples y fosas clandestinas no permite la resolución satisfactoria de cada caso.

El IDH se basan en los principios establecidos en el Protocolo de Bogotá el cual proporciona una referencia técnica para las instituciones gubernamentales que producen datos sobre homicidios basados en certificados de defunción o investigaciones criminales, y tiene 43 indicadores, mismos que son evaluados en cinco categorías, las cuales son: definición y unidad de registro; detalle de las informaciones; calidad de datos; transparencia; y convergencia entre fuentes (IEP 2018, 13).  Actualmente existen tres fuentes oficiales de datos sobre homicidios en México: “1. Víctimas de homicidio registradas en la base de datos de estadísticas vitales, que son los homicidios contados a partir de los certificados de defunción, recopilados y publicados por el INEGI (disponible de 1990 a 2017). 2. Víctimas de homicidio, recopiladas y publicadas por el SESNSP, los cuales son homicidios en campo denunciados por las autoridades (disponible de 2014 a 2017). 3. Investigaciones de homicidios según lo informado por la policía y publicado por el SESNSP (disponible de 1997 a 2017)” (IEP 2018, 13). Tanto el SESNSP como el INEGI cumplen los requisitos del protocolo para la publicación oportuna de los datos, pero las dos instituciones carecen de un mecanismo de verificación para los datos que publican, en lo que corresponde a la discrepancia, su brecha se ha reducido en los últimos años (IEP 2018, 16).

Los resultados de IDH indican que es necesario una mejora generalizada, ya que ningún estado logró una calificación superior a 6.5 sobre 10.  Dos estados destacados Guanajuato y San Luis Potosí, el primero, fue el único estado que cumplió con el estándar con respecto al porcentaje máximo de datos faltantes de información sobre el arma o el medio; y el segundo, proporcionó la información en formato de base de datos (IEP 2018, 19). En promedio, los estados tienen una más alta calificación en la categoría convergencia entre fuentes y la más baja en la de definición. En general, los datos estatales lograron 14.8 de los 43 indicadores.  Sin embargo, ningún estado tiene un mecanismo de validación para comparar los datos de las víctimas entre fuentes oficiales.  Los cinco estados con mejor calificación registran un alto nivel de detalle sobre cada evento de homicidio, víctima y presunto victimario:  Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Baja California, y Coahuila. Los más bajos CDMX, Yucatán, Nayarit, Tabasco e Hidalgo.  Todos estos estados obtuvieron un puntaje cero para convergencia entre fuentes, lo cual indica alta discrepancia y falta de incongruencia entre las fuentes, es decir, impunidad (IEP 2018, 21).

La metodología empleada (IEP 2018, 28): Para recopilar los datos hubo tres formas de obtenerlos: 1) fiscalía y secretaría de seguridad de los 32 estados, 2) investigadores de IEP de los datos disponibles públicamente, y 3) convergencia ente los estados y los datos del SESNSP y del INEGI. Posteriormente, los datos fueron evaluados dentro de los 43 indicadores y las 5 categorías, utilizando un sistema de puntos ponderados, donde los investigadores del IEP calificaron cada indicador (1 = sí, criterio alcanzado; 0 = no, criterio no alcanzado). Cada categoría representa el 20% de la calificación general de un estado. Cada categoría incluye indicadores que suman una calificación perfecta de 20 puntos, para un total de 100 puntos posibles en el índice.

En conclusión, el desarrollo de mejores capacidades institucionales y la construcción de un sistema de información robusto sirven como base para generar paz. Actualmente, existen dos problemas en México, el primero, que ni las estadísticas policiales ni las judiciales producen suficientes detalles para un análisis específico y eficaz de las políticas públicas; el segundo, el gobierno no está invirtiendo suficiente dinero en sus sistemas de seguridad y justicia.

*Si desea leer el texto original del autor referido, puede consultar este enlace: https://bit.ly/2PBLhOx

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