“Estaría feliz de masacrar a millones de drogadictos”, declaró el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, comparándose con Hitler para justificar su guerra contra las drogas.
En respuesta a la crisis de drogas que, según él, “estaba destruyendo al país”, Duterte alentó abiertamente a ciudadanos y policías a disparar a matar contra presuntos traficantes y consumidores. Los grupos dedicados a erradicar a los narcotraficantes fueron denominados “escuadrones de la muerte” por organizaciones de derechos humanos (CNN, 2025).
Estas políticas resultaron en aproximadamente 27,000 muertes, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos (BBC, 2025). Entre de las víctimas, se reporta que hubieron numerosos inocentes, cuyos familiares denunciaron que simplemente estaban “en el lugar equivocado, en el momento equivocado”. A pesar de la magnitud de estas cifras, en un discurso nacional de enero de 2022, Duterte declaró que “nunca, nunca” se disculparía por las muertes.
Como consecuencia, el 11 de marzo, el exmandatario fue arrestado y trasladado a la Corte Penal Internacional (CPI) para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, específicamente por homicidio, tortura y violación.
A pesar de que probablemente el arresto haya estado fuertemente influenciado por intereses políticos, “la rapidez con la que se emitió la orden de arresto y se extraditó a Duterte demuestra que, cuando los vientos políticos cambian, aquellos que antes se consideraban intocables pueden encontrarse aterrizando en La Haya” (BBC, 2025).
La detención de Duterte no solo representa un atisbo de esperanza para las víctimas de la guerra contra las drogas, muchas de las cuales habían perdido la fe en los mecanismos de justicia filipinos, sino que también envía un mensaje claro a quienes cometen crímenes atroces: algún día, su destino también podría llevarlos a La Haya.
Además, este arresto reafirma la importancia de la Corte Penal Internacional y su papel en la rendición de cuentas y la justicia internacional, especialmente en un contexto de constantes ataques contra la Corte por parte de distintos jefes de Estado.
Este proceso representa una oportunidad para la Corte de reafirmar que el derecho internacional sigue siendo un camino viable para luchar contra la impunidad, inclusive de los más altos mandos. Como ha señalado el fiscal de la CPI, Karim Khan, “muchos dicen que el derecho internacional no es tan fuerte como quisiéramos, […] pero el derecho internacional no es tan débil como algunos creen.”