La violencia en México sigue en aumento: homicidios, secuestros, feminicidios y robos. Y lo más preocupante es que no existe una estrategia clara del gobierno para frenar ninguna de estas situaciones.
¿Cómo puede ser que caminar a las 6:30 de la tarde, cuando apenas oscurece, implique tener que abrir más los ojos y extremar precauciones? Digo “más” y “extremar” porque en un país como México siempre debemos estar alertas y ser precavidos, sin importar la hora del día.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que la seguridad pública es una función del Estado. Sin embargo, pareciera que, en lugar de proteger a la ciudadanía, se protege a los criminales, lo cuál, no es novedad.
La Guardia Nacional nació como una “promesa” para brindar seguridad a la población. “Es una noble causa en beneficio del pueblo, en beneficio de la nación”, dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar el inicio formal de labores de dicho cuerpo de seguridad. No obstante, esa expectativa nunca se cumplió y, peor aún, hace un año pasó a estar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Los militares no tienen nada que hacer en las calles cuidando a civiles: fueron entrenados para la guerra, no para la seguridad ciudadana.
Como bien se advertía desde hace más de dos décadas: «La militarización de los cuerpos policíacos y la politización de los cuerpos militares del país no son remedio a la inseguridad pública. Por el contrario, la cultura de la impunidad en la sociedad es un factor que sí incrementa los niveles de inseguridad pública» (V. R., Verónica Guadalupe, 2002).
Es impactante leer análisis de 2002 que ya hablaban de los riesgos de militarizar la seguridad, y darnos cuenta de que, más veinte años después, no hemos aprendido nada.
México vive en un miedo constante: tomar rutas diferentes, evitar calles poco transitadas, acatar toques de queda no oficiales, temer salir de noche. Para las mujeres y niñas, ese miedo es todavía más profundo y cotidiano.
El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, no solo de perseguir delitos. Y mientras no cumpla con esa función básica, seguirá violando uno de los derechos humanos más esenciales: el derecho a vivir sin miedo.