Comienza mayo y una parte de mí ansía dejar atrás un abril amargo; pero no sin antes abordar un caso que ejemplifica cómo las políticas públicas pueden deshumanizar cuando deberían proteger.
Y es que hace unos días, la administración Trump deportó a tres niños ciudadanos estadounidenses junto con sus madres migrantes, en medio de un proceso marcado por irregularidades legales y cuestionamientos éticos. Se trató de una menor, de solo dos años, quien fue expulsada pese a que su padre presentó una petición de emergencia para evitarlo. Los otros dos eran hermanos, uno de cuatro y otros siete años; el menor, enfermo con cáncer en etapa 4, quien fue privado de su tratamiento médico al ser deportado. Las madres deseaban que sus hijos permanecieran en Estados Unidos, pero no se permitió a los abogados interponer recursos (CNN, 2025).
Es el ejemplo de un gobierno que ejerce violencia que va más allá de lo físico contra sus propios ciudadanos; porque la administración Trump no solo permitió, sino que impulsó un proceso de deshumanización al priorizar la persecución sobre la protección de los Derechos Humanos.
Si bien las deportaciones suelen implicar dilemas éticos, este caso presenta una complejidad particular. Por un lado, es un acto que vulnera principios fundamentales como la ciudadanía y el derecho al debido proceso. Por otro, agrava las consecuencias habituales de las deportaciones —como las rupturas familiares y emocionales— al implicar violaciones a derechos esenciales, como el acceso a la salud y la protección especial que requieren las infancias. Este caso evidencia la vulnerabilidad de grupos frente a decisiones estatales, dejando claro que cuando las políticas públicas no se rigen por principios de justicia y humanidad, pueden convertirse en herramientas que generan daños irreparables.
Hoy más que nunca, resaltemos la importancia de que la dignidad humana sea el centro de las decisiones políticas. Esto significa que ninguna política migratoria debe conllevar afectaciones a la salud física o emocional de las personas y exige reconocer que las infancias, independientemente del estatus migratorio de sus padres, tienen derechos inalienables que deben ser protegidos. Para ello, es necesario que las políticas públicas se diseñen y apliquen desde una perspectiva de interseccionalidad, entendiendo que su impacto se vuelve más complejo según el nivel de vulnerabilidad de los grupos afectados. Porque es responsabilidad de los gobiernos optar por la protección antes que por el castigo, y colocar el bienestar de los más vulnerables por encima de los discursos de poder.
2 de mayo, 2025