No cayeron bombas. No se declaró una guerra. Y aun así, cientos de miles de personas en México se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia, la extorsión y el miedo.
No son migrantes que cruzan fronteras. Son desplazados dentro de su propio país por grupos criminales, conflictos armados y un Estado que no puede o no quiere protegerlos.
De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, 2025), México acumulaba casi 400,000 personas desplazadas internamente al cierre de 2024. Tan solo ese año, más de 26,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, principalmente en zonas rurales de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. No se trata de hechos aislados, sino hechos que reflejan una falla sistémica para garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos de la población mexicana.
Aun así, esta crisis sigue siendo invisible. No hay titulares, indignación masiva, ni urgencia política. Las personas pierden su hogar, su tierra, su identidad y el país mira hacia otro lado.
En México no existe una ley nacional sobre desplazamiento interno forzado. La mayoría de las personas desplazadas no reciben ayuda, protección, ni un camino claro para regresar. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en el 2021 estas comunidades quedan atrapadas en un limbo legal y social, mientras los gobiernos, tanto federal como locales, siguen sin responder con una política que reconozca la magnitud del problema ni asuma su responsabilidad.
¿Por qué esta crisis ocupa tan poco espacio en la agenda pública? Tal vez porque incomoda. Obliga a enfrentar verdades difíciles: que hay regiones enteras bajo el control de la violencia, que la impunidad es la regla y no la excepción, y que el Estado ha renunciado a su deber más básico: proteger a su población.
No se trata solo de una crisis humanitaria, es una cuestión política. Un país no puede hablar de paz mientras tolera, sin respuesta, un desplazamiento interno que crece sin freno. Tenemos que dejar de fingir que, porque estas personas no cruzaron una frontera, no han sido expulsadas.
México no está en guerra. Pero miles huyen como si lo estuviera. Y no se puede construir paz sobre el silencio forzado y las vidas olvidadas.