por Alejandra Nurko Benbassat
Desde hace un par de años, México enfrenta una crisis del agua agravada por diversos factores: sequías, cambio climático, infraestructura deficiente, crecimiento poblacional, elevado consumo de agua y falta de acceso a servicios sanitarios.
Se estima que el 57% de la población carece de acceso a agua potable y el 37% no cuenta con instalaciones sanitarias seguras (Water.org, 2024). Además, la falta de inversiones constantes ha frenado los esfuerzos para garantizar el acceso al agua potable en comunidades de bajos recursos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en 2024 solo 3 de los 32 estados no enfrentaron periodos de sequía.
Si bien la sequía es un fenómeno natural y recurrente, la escasez de agua refleja una gestión humana ineficaz que, al no abordar las causas estructurales del problema, perpetúa desigualdades y conflictos sociales. Esto convierte a la crisis hídrica en un desafío crucial para la construcción de paz en el país. La distribución inequitativa y el acceso limitado a este recurso han generado tensiones en distintas regiones, profundizando la violencia estructural y debilitando el tejido social.
Esta crisis no solo afecta la calidad de vida de millones de mexicanos, sino que profundiza las fracturas sociales. Por ejemplo, en regiones como el Valle de México y Monterrey, donde la demanda de agua supera la capacidad de suministro, los conflictos por el acceso al agua se han intensificado, evidenciando así las desigualdades que atraviesan al país. Además, la falta de acceso a agua potable y servicios sanitarios adecuados aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, ya que las predispone a enfermedades, desplazamientos forzados y conflictos locales.
A finales de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum y Efraín Morales López, titular de la Conagua, presentaron el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, estructurado en cuatro ejes: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso al agua; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; y gestión integral y transparente. Aunque estas propuestas abordan problemáticas clave, su efectividad enfrenta desafíos importantes.
La ausencia de un diálogo abierto y una participación comunitaria efectiva podría generar percepciones de imposición, intensificando los conflictos locales. Para que este plan realmente contribuya a la paz, es indispensable integrar enfoques participativos y de justicia social que respondan a las necesidades específicas de las comunidades más vulnerables. Una paz sostenible en México sólo será posible si se establece una base sólida a través una gestión del agua que sea equitativa e inclusiva.