La inseguridad ha vuelto a definir la conversación política en México. En medio de la crisis, la propuesta de Donald Trump de enviar tropas e inteligencia estadounidenses al país para combatir al narcotráfico reabre la discusión sobre hasta dónde puede llegar la cooperación con Estados Unidos sin poner en riesgo la soberanía nacional.
Porque, en contraste al discurso del presidente Trump, y de acuerdo con una investigación de The Conversation, Estados Unidos envía a México quince veces más armas que a Ucrania, pese a ser uno de los principales proveedores de armamento en esa guerra. Se estima que más de 135 mil armas cruzan cada año la frontera norte, alimentando una carrera armamentista entre grupos criminales y fuerzas del orden mexicanas, teniendo consecuencias directas en el incremento de la violencia en México (Campbelly McDougal, 2025).
Esta realidad demuestra cómo la agenda de seguridad se ha convertido en uno de los mayores instrumentos de control político y económico que Washington ejerce sobre México. Bajo el discurso de cooperación, Estados Unidos define los límites de la política mexicana, presiona en materia comercial y marca la pauta del combate al narcotráfico. Y aunque Trump insiste en que el gobierno de Sheinbaumdebe redoblar esfuerzos, es su propio país quien podría actuar con mayor eficacia, limitando la venta de armas que terminan en manos del crimen organizado. En ese sentido, Estados Unidos no solo participa, sino que es directamente responsable de alimentar la violencia que dice querer erradicar. Lo que algunos plantean como una posible “injerencia necesaria” no representa una solución: la injerencia estadounidense ya existe, y se manifiesta cada día en el suministro tolerado de armas que sostienen el conflicto que luego pretende resolver.
Estados Unidos tiene la capacidad de imponer controles estrictos para frenar este tráfico ilícito. Sin embargo, la magnitud y el poder de su industria armamentista hacen poco probable que esta situación cambie. Mientras ese flujo continúe, la dependencia y la violencia seguirán siendo funcionales a sus propios intereses económicos y políticos. Por ello, la respuesta no puede venir de una intervención externa, sino de la construcción de soluciones desde México, con una estrategia de seguridad que se origine en las comunidades, basada en la prevención, el desarrollo y la justicia social, sostenida en la construcción de paz.