Este 8 de marzo conmemoramos décadas de lucha por los derechos humanos de las mujeres. A pesar de los avances, persisten problemas invisibilizados que cruzan cuestiones de género, clase y etnicidad.
Uno de estos problemas estructurales es el trabajo de cuidados no remunerado, labor esencial que sostiene a las familias y a la sociedad, pero que históricamente ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres. Desde el cuidado de hijos y adultos mayores hasta las tareas del hogar, estas responsabilidades suelen ser vistas como parte del rol que recae en las mujeres, reforzadas por estereotipos y el mito del “instinto maternal”.
Esta sobrecarga no es solo un problema doméstico, sino una manifestación de violencia estructural. Al desvalorizar estas labores, las mujeres quedan atrapadas en un ciclo de precariedad económica y falta de oportunidades, perpetuando la desigualdad y limitando su autonomía económica.
Desde un enfoque interseccional, todas las mujeres experimentan esta forma de violencia estructural, aunque con diferentes intensidades. Las mujeres de bajos ingresos, indígenas y afrodescendientes enfrentan una carga desproporcionada debido a la convergencia de múltiples sistemas de opresión. Mientras que las mujeres con mayores recursos económicos pueden delegar estas labores a trabajadoras domésticas, estas últimas generalmente pertenecen a grupos vulnerables y realizan este trabajo en condiciones de precariedad y explotación. Este fenómeno refleja una jerarquía de cuidados donde las mujeres racializadas y de clases bajas se ven obligadas a sostener a sus propias familias y a las de sus empleadores, perpetuando un ciclo de desigualdad que, aunque afecta a todas las mujeres dentro del sistema, impacta con mayor severidad a aquellas que se encuentran en posiciones de mayor marginalización.
Es fundamental que la sociedad reconozca y redistribuya las labores de cuidado. Para ello, se necesitan políticas públicas que incluyan la creación de infraestructura de cuidados, como guarderías y centros para personas mayores, y que promuevan la corresponsabilidad en el hogar al instruir paternidades responsables. También es crucial garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, muchas de las cuales realizan trabajos de cuidado en condiciones de alta vulnerabilidad.
Es necesario cuestionar los roles de género que exigen a las mujeres absorber las labores de cuidados y que impiden a los hombres ejercer paternidades responsables sin ser idolatrados. Visibilizar, valorar y redistribuir las labores de cuidado son pasos esenciales para promover una paz sostenible, donde estas tareas sean reconocidas como una responsabilidad colectiva, apoyando la autonomía y el bienestar de todas las mujeres y construyendo un mundo más justo para las futuras generaciones.