El cambio climático no es solo una amenaza ambiental, es también una crisis humanitaria en expansión. Los problemas medio ambientales y sus efectos intensifican los conflictos y estos no se contienen, estos cruzan fronteras; y esto se hace cada vez más evidente con los llamados migrantes ambientales.
Éstos son aquellos que deben abandonar sus hogares debido a fenómenos naturales extremos o a la degradación ambiental pero que, aún no cuentan con un marco jurídico internacional que los reconozca plenamente como tales (OIM, 2023).
La cuantificación de la migración por motivos ambientales es una tarea difícil, debido a los múltiples factores que la causan, es difícil distinguir entre las situaciones en que el medio ambiente es el principal factor que desencadena la migración y aquellas en que los factores son otros o el medio ambiente es solo uno de ellos (Migration Data Portal, 2023).
En 2022 los desastres provocaron 32,6 millones de nuevos desplazamientos, lo que supone la cifra más alta en una década, así como un 41 por ciento más que la media anual de la última década (IDMC, 2023). Aun así, estas personas no califican como “refugiados” bajo la Convención de Ginebra de 1951, quedando sin acceso a la protección internacional.
El debate no es menor: si el derecho internacional no reconoce a los desplazados climáticos, se les niega automáticamente el goce de sus derechos humanos básicos además de que puede convertirse en un factor detonante de conflictos sociales y de violencia.
El vínculo entre cambio climático, migración y paz es cada vez más evidente, el deterioro ambiental puede agravar las tensiones, en zonas que ya tienen amenazas constantes de conflictos, por recursos, especialmente agua y tierra, incrementando las olas de violencia y los desplazamientos forzados.
Frente a este panorama, los Estados enfrentan un doble reto: reducir las causas estructurales del cambio climático y diseñar marcos normativos que garanticen los derechos de quienes se ven obligados a migrar, por lo que reconocer jurídicamente a los refugiados climáticos es un paso necesario hacia la paz y la justicia ambiental.
Este reconocimiento no solo otorga derechos; al asegurarles protección internacional, se fortalece una recepción socialmente responsable y pacífica, reduciendo la posibilidad de conflictos y, al mismo tiempo, constituye un acto de justicia ambiental al reconocer que quienes menos han contribuido al cambio climático son, paradójicamente, los más afectados, sobre todo se trata de reparar la deuda ecológica y social hacia estas poblaciones, otorgándoles protección y participación en la construcción de soluciones. Protegerlos es, en última instancia, asumir la responsabilidad colectiva de construir un futuro más equitativo, pacífico y sostenible.