La paz también es soberanía

No sé de dónde sacamos la idea de que la soberanía consiste únicamente en protegernos de un extraño enemigo, cuando hace años dejamos de estar protegidos de las amenazas internas.

Nos enseñaron a defender la frontera mientras dentro del país aprendíamos a negociar con el miedo.

En las últimas semanas, la palabra “soberanía” se ha repetido desde la Presidencia como respuesta a la presión estadounidense y a las amenazas de intervención vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, hemos reducido la soberanía a una consigna política útil para responderle a Washington, mientras dentro del país existen regiones donde el Estado perdió hace años el monopolio real de la autoridad. La violencia registrada recientemente en Sinaloa, así como los cuestionamientos públicos alrededor del gobierno de Rubén Rocha Moya, volvieron imposible seguir fingiendo que el problema es únicamente criminal.

Tal vez por eso el crimen organizado entendió mejor cómo funciona México que el propio Estado mexicano. Porque mientras el gobierno discutía discursos, propaganda y polarización política, alguien más entendió algo mucho más simple: la gente sigue a quien resuelve sus necesidades, aunque sea desde el horror.

El narcotráfico no solo disputa territorios; disputa funciones del Estado. Cobra piso antes de que llegue Hacienda. Recluta jóvenes antes de que lleguen las oportunidades. Impone reglas donde las instituciones dejaron vacíos. Y en muchas regiones del país, el crimen organizado dejó de percibirse únicamente como amenaza y comenzó a convertirse en estructura económica, autoridad y control territorial (Reuters, 2025; Animal Político, 2025).

Esa es la verdadera crisis de soberanía.

Porque un Estado no pierde soberanía únicamente cuando una potencia extranjera amenaza con intervenir. También la pierde cuando internamente deja de garantizar seguridad, paz y dignidad para su propia población. Y esa vulnerabilidad no la construyó Washington. Tampoco surgieron en el vacío las recientes declaraciones de Donald Trump sobre terrorismo y seguridad fronteriza; encontraron terreno fértil en un país donde el crimen organizado lleva años exhibiendo la fragilidad institucional del Estado. La construimos nosotros a través de décadas de abandono institucional, corrupción e impunidad.

Por eso la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a casos como el de Rubén Rocha Moya será mucho más que una prueba política. Será una prueba de capacidad estatal. Porque lo que está en juego no es únicamente la credibilidad de un gobierno rumbo a 2027, sino la posibilidad de demostrar que el Estado mexicano todavía puede ejercer autoridad sobre partes de su propio territorio.

Tal vez la mayor amenaza para México nunca estuvo fuera del país. Tal vez comenzó el día en que normalizamos que amplias regiones del territorio nacional dejaran de responder plenamente al Estado y comenzaran a sobrevivir entre el miedo, la impunidad y el abandono. Porque construir paz no consiste únicamente en reducir la violencia, sino en reconstruir instituciones, garantizar derechos y devolverle a la población la certeza de que el Estado puede volver a estar presente donde hace años decidió desaparecer.