Escrito por Valentina Andrea Berdiales. Publicado por El Sol de México el viernes 29 de septiembre de 2023. Haz click para leer el texto original.
La violencia en México se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en algo más visible, más difícil de ignorar. Los migrantes y refugiados que están de tránsito por el país – o bien, que buscan quedarse en el mismo – no son inmunes a esta violencia. Al contrario, los migrantes son incluso más vulnerables a sufrir xenofobia y otros tipos de discriminación; al igual que estar expuestos a numerosas situaciones que atentan contra su seguridad y bienestar, como el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, el abuso sexual, el asesinato y otras violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, en 2019 se registró que uno de cada tres migrantes en México han sido víctimas de violencia física, psicológica y sexual (El País, 2019).
Aquella violencia ejercida por parte del Estado mexicano debe ser igualmente reconocida. El gobierno se ha encargado de criminalizar a los migrantes indocumentados: en la frontera sur ha desplegado a los militares y a la Guardia Nacional para la detención de las personas que cruzan a México. Varios testimonios de estas detenciones documentan que son sumamente violentas, ya que es común que se abuse físicamente de los migrantes (WOLA, 2021). Además, en los centros de detención se encuentran en condiciones inhumanas e insostenibles de forma indefinida. Escuchar estas historias fuerza a los migrantes que buscan el acceso al país a tomar rutas clandestinas y más peligrosas, poniendo en riesgo su vida con la esperanza de encontrar una mejor.
Lamentablemente, la situación no termina aquí. Es la mayoría la cantidad de migrantes que tienen que esperar meses – o más – para que terminen sus trámites, ya sea de asilo o algún tipo de visa. Solamente este año se están procesando 140,000 solicitudes de asilo de migrantes que llegan a México (AFP, 2023). En este tiempo las personas viven en un limbo dentro de albergues (si tienen suerte) o en la calle, sin poder buscar trabajo (y de encontrarlo, tener un salario muy bajo) y sin acudir posiblemente a ayuda médica o legal por miedo a ser deportados.
Todos los seres humanos merecemos una vida digna donde nuestros derechos humanos sean respetados. Las personas migrantes no están exentas de este principio y al criminalizarlas se les está negando el acceso a mejores condiciones de salud, vivienda y seguridad. Los retenes en la frontera sur y la calidad de vida en los centros de detención deben de mejorar, al igual que el proceso de trámites y la capacidad de los albergues. Así, se puede dar un proceso de migración regularizada y más pacífica, sin necesidad de acudir a la violencia y brindando la atención justa y adecuada a las personas migrantes y refugiadas.